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INOPOL INFORMA:Convocar actos en Internet que terminen en altercados se considerará delito de pertenencia a banda criminal

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La reforma del Código Penal en la que el Gobierno trabaja para endurecer el castigo a los actos de vandalismo callejero considerará delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria de actos que alteren gravemente el orden público a través de cualquier medio de comunicación, incluido internet.

Así lo han informado hoy fuentes del Ministerio del Interior después de que el responsable de este departamento, Jorge Fernández Díaz, haya justificado esta mañana en el Congreso que el castigo a los que participan en actos vandálicos sea equiparado al que recibe el terrorismo callejero ante “la espiral de violencia” protagonizada por colectivos antisistema con técnicas de “guerrilla urbana”.

El ministro, que ha detallado varias de los puntos de la reforma, no ha podido sin embargo leer el referido a la convocatoria de actos violentos, ya que el presidente de la Cámara baja le ha indicado que el tiempo de su intervención había concluido.

Así, Fernández Díaz no ha podido leer la parte de su exposición en la que decía que se incluirán como delito de pertenencia a organización criminal “las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que con tal fin se concierten por cualquier medio de comunicación”.

El titular de Interior sí ha detallado que pretende incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa grande e introducir entre las “modalidades de acometimiento” -ataque violento dirigido contra un policía- las amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos.

Además se considerará como agravante la comisión de conductas violentas cuando estas se produzcan en manifestaciones o concentraciones, y se incluirá como delito de desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos.

En esta línea, la reforma del Código Penal pretende ampliar la cuantía de los daños no solo a los que se produzcan en estos establecimientos, sino también los que se deriven de la interrupción de cualquier servicio público.

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